Carmen Pozo de la Tijera, directora de Ecosur Chetumal, exhortó a los gobiernos de México y Centroamérica a garantizar los derechos humanos de los migrantes durante la pandemia del coronavirus, porque son considerados sospechosos, peligrosos, reprobables y rechazables.

La investigadora en El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) Chetumal, dijo que a la población migrante se le asocia, de facto, con la propagación del Covid-19.

Señaló que lo responsable durante la pandemia es resguardarse y mantener medidas sanitarias, hay grupos que no pueden hacerlo como las personas que son forzosamente desplazadas y expulsadas múltiples veces.

“Quienes se vuelven blanco de ataques al no tener espacios para refugiarse o resguardarse, porque los espacios públicos, privados e institucionales están controlados o cerrados en este momento”.

Indicó que esa es la situación de miles de personas migrantes y refugiadas en el mundo y en las fronteras de México.

Expresó que en la frontera sur de México, cientos de migrantes, principalmente centroamericanos, así como mexicanos que el gobierno recibió como deportados de Estados Unidos, enfrentan abandono y rechazo, lo que los expone a crecientes riesgos.

La directora general de Ecosur Chetumal agregó que el Instituto Nacional de Migración (INM) traslada a migrantes centroamericanos en autobuses a la frontera de México con Guatemala, país que cerró sus fronteras desde hace casi un mes para extranjeros y a sus propios connacionales.

Añadió que el nivel de control formal e informal de las fronteras para blindarse e impedir la entrada de personas es algo sin precedentes en la región, y las autoridades mexicanas lo saben, pero continúan realizando los traslados de personas, dejándolas a su suerte para que busquen la manera de regresar a sus países.

“Hacemos un llamado urgente a los gobiernos de México y de la región para que tomen las medidas de protección, asistencia humanitaria y ayuda a esta población, de modo que puedan seguir los protocolos establecidos para el Covid-19, con un enfoque de derechos humanos y con una actitud de responsabilidad social y de solidaridad humana.

Tal como se merecen todas las personas, independientemente de su nacionalidad, su situación migratoria y social o su condición étnica, de género o edad, finalizó.