En las elecciones de Quintana Roo realizada en el 2016, en las que resultó electo Carlos Manuel Joaquín González como gobernador, circularon millones de dólares provenientes de los depósitos de la empresa brasileña Odebrecht que realizó al ahora arrestado extitular de Pemex, Emilio Lozoya, según denuncias públicas realizadas por Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Antes de lanzar su candidatura por el PAN, Carlos Manuel Joaquín Gonzáles estuvo como subsecretario de Turismo en el sexenio de Enrique Peña Nieto y su medio hermano, Pedro Joaquín Coldwell, era el secretario de Energía y gran promotor de la reforma energética, razón por la cual estuvieran en la primera fila de las reparticiones de recursos y candidaturas. Con dinero producto de actos de corrupción de la empresa brasileña y Pemex, se entregó a la campaña del ahora gobernador de Quintana Roo, como pago del apoyo que el Partido Acción Nacional (PAN) dio a la aprobación de la Reforma Energética y con ello entregar los recursos de los mexicanos a trasnacionales. Historia aparte es la escandalosa y cínica forma en que corrió el dinero entre diputados federales y senadores.
El titular de la UIF considera que hubo acciones ilícitas y ya en su libro, Sin Filias ni Fobias, Santiago Nieto, y lo plasmó con todas sus experiencias en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), cargo en el que estuvo desde febrero 2015 a octubre de 2017, y del que fue destituido fulminantemente porque tuvo la osadía de investigar el caso Odebrecht. Actualmente son numerosas sus entrevistas en las que reitera que hubo actos fraudulentos en las elecciones por lo menos hasta el año 2016, y para que no quede duda señala a estados, entre ellos a Quintana Roo. Y precisamente en ese año se eligió a Carlos Joaquín. En el 2015 el PRI había arrasado en las elecciones para diputados y había que darle oxígeno a los panistas y de paso frenar el paso de triunfador que traía como dirigente nacional tricolor, Manlio Fabio Beltrones, que con otro éxito aseguraría su candidatura a la Presidencia de la República. Por ello, para abrirle camino al neopanista Carlos Joaquín, se le dio todo el apoyo.
En plena recta final de la campaña de Carlos Joaquín, la ciudadanía detuvo una camioneta con legisladores federales panistas, cargada con millones de pesos en billetes de las denominaciones de 200 y 500 dedicada a comprar votos, el vehículo con toda su “mercancía”, fue llevado a las instalaciones de la entonces PGR y ahí se disolvió toda evidencia. Y hay más acerca de la escandalosa cantidad de dinero: días después de las elecciones del 5 de junio de 2016, se decomisaron en el aeropuerto varias maletas repletas de dinero que eran devueltas a la ciudad de México por una falsa empresa de valores que dio un domicilio inexistente. La investigación en ambos casos se detuvo misteriosamente.
El dinero que Odebrecht manejaba para sobornar a panistas y priistas, eran aterrizados a través de Emilio Lozoya, titular de Pemex de 2012 a 2016. Se hacían todo tipo de triangulaciones por medio de varios esquemas. El que Santiago Nieto destaca es el siguiente caso: se depositaban los dólares desde una cuenta en Suiza a una empresa en las Islas Vírgenes, relacionada con otras firmas en México y en las Islas Caimán. Se supone que de ahí realizaban varios depósitos a varias cuentas con el fin intentar difuminar toda evidencia acerca de la ruta del dinero, posteriormente utilizaban mucho efectivo y camionetas llenas de dinero era el que presumiblemente llegaba a las mapacheras del blanquiazul y tricolor, desde donde repartían también a los pequeños partidos aliados y serviles como el Partido de la Revolución Democrática.
Un ejemplo conocido en el proceso que se lleva contra Lozoya, se refiere a los 4 millones de dólares que recibió de parte de Luis Alberto Meneses, director de Odebrecht en México. Los depósitos se hicieran en Latin American Asia Capital Holding, empresa offshore con sede en las Islas Vírgenes, desde donde se realizaban giros a otra cuenta a nombre de Innovation-Research.
Varios de los implicados, hicieron circular la versión de que el delito electoral por las elecciones presidenciales de 2012 había prescrito. Y efectivamente, Luz María Ortega Tlapa, juez octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en CDMX, otorgó el 30 de noviembre, el amparo indirecto 702/2018 RCBA, promovido por conducto del abogado Javier Coello Trejo, contra los actos del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular del Núcleo “D” FEPADE en la Ciudad de México, de la Procuraduría General de la República y otras autoridades. Pero ella misma negó amparo para delitos de años posteriores. Con lo que coincide con el titular de la UIF, Santiago Nieto, quien aseguró que los delitos electorales en las elecciones de 2014-2016, prescribirían hasta 2026, por lo que se puede seguir el hilo de las transferencias monetarias a esas campañas.
Joaquín González se encuentra recuperándose del Covid-19 pero le esperan momentos más tormentosos, sobre todo el delito de defraudación no ha prescrito, así que le espera un juicio que lo puede poner tras las rejas.
(Quintana Roo Hoy)