Un funcionario canadiense está demandando a su sindicato del sector público por aceptar lo que él llama el “asesinato y genocidio premeditado” perpetrado por el Gobierno de Canadá cuando ordenó que todos los empleados federales recibieran las inyecciones experimentales de COVID-19.  

El 11 de septiembre, O’Neil Brooke, un funcionario canadiense, presentó una demanda ante la Junta Federal de Relaciones Laborales y Empleo del Sector Público contra su sindicato, el Instituto Profesional del Servicio Público de Canadá (PIPSC), después de haber sido puesto en licencia. sin paga durante la llamada pandemia de COVID-19 por negarse a recibir las inyecciones experimentales. 

“El Gobierno de Canadá ha estado involucrado en el asesinato premeditado y el genocidio de ciudadanos canadienses”, se lee en la demanda enviada exclusivamente a LifeSiteNews. “PIPSC ha estado actuando como un cómplice dispuesto y entusiasta de estos crímenes”. 

“Es muy posible que el Departamento de Justicia también esté comprometido y sea también un cómplice dispuesto y entusiasta del asesinato y el genocidio premeditados”, continúa la demanda. “La negativa de la Junta de Relaciones Laborales y Empleo a reconocer la realidad de que las terapias genéticas experimentales han sido denominadas incorrectamente vacunas es indicativo del encubrimiento y supresión continuos de la realidad que permite que estos actos criminales continúen”. 

“Esta acción expondrá a la Junta de Relaciones Laborales y Empleo tal como es”, añadió. “Las ruedas de la justicia pueden girar lentamente, pero lo hacen muy finamente”.  

Abandonado por su sindicato  

En agosto de 2021, el gobierno canadiense anunció la vacunación obligatoria contra el COVID para todos los trabajadores federales. Brooke se acercó rápidamente a su sindicato, el PIPSC, pero le dijeron que el sindicato no podía ayudarlo a menos que tuviera una exención religiosa válida de su empleador.     

De hecho, además de negarse a representar a Brooke, en septiembre de 2021, el PIPSC anunció: “Como sindicato que representa a los científicos que aprobaron las vacunas COVID, el PIPSC acoge con satisfacción todos los esfuerzos para aumentar la cobertura de vacunación en Canadá”. 

Brooke, una cristiana, pasó por el proceso con su empleador para buscar una excepción religiosa, pero se la negaron. En diciembre de 2021, Brooke recibió una licencia sin goce de sueldo. Si bien actualmente todavía es empleado del gobierno federal, ya que desde entonces se levantó el mandato de vacunación, Brooke ha decidido seguir adelante con su caso. 

El proceso ha comenzado

Brooke, que se representa a sí mismo, ya compareció ante la Junta Federal de Empleo y Relaciones Laborales del Sector Público para defender su caso en un proceso semijudicial con un juez.  

Brooke se vio obligado a llevar su caso a la junta laboral y no a un tribunal civil porque, como miembro del PIPSC, no puede llevar a su empleador a los tribunales a menos que su sindicato lo represente. 

La función de la Junta de Relaciones Laborales y Empleo del Sector Público Federal es determinar si el caso puede proceder.

Brooke logró convencer al juez de la junta de que su caso es digno de un juicio a través de la Junta Federal de Empleo y Relaciones Laborales del Sector Público. Por tanto, su caso será visto en 2024 durante 4 días. Después de este caso, el juez determinará si el sindicato actuó correctamente al decidir no representar a Brooke. 

‘Asesinato premeditado y genocidio’

En la demanda, Brooke señala que incluso instituciones pro-vacunas como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos admiten que “las personas completamente vacunadas con infecciones irruptivas de la variante Delta pueden transmitir el virus a otras personas”, lo que científicamente socava la justificación de los mandatos. 

Además, proporcionó pruebas de que las vacunas contra la COVID no son seguras ni eficaces, incluidos documentos de Pfizer que muestran efectos secundarios abrumadores relacionados con las inyecciones.

Según los documentos de Brooke, el PIPSC afirmó que el mandato de vacunación provino del primer ministro Justin Trudeau y que el sindicato no tenía poder para cambiar la política.  

Brooke respondió alegando que el PIPSC “usó su poder como agente negociador para obligar a los empleados médicos a experimentar”, en lugar de luchar por sus miembros. 

“En este caso estamos ante un agente que ha incumplido tan gravemente sus responsabilidades que sus principales han sido discriminados, vilipendiados, sufrido graves lesiones corporales y algunos han muerto”, continuó.  

“La dirección del PIPSC se ha apropiado del aparato del sindicato y lo ha ordenado operar de tal manera que ponga en desventaja y castigue a los miembros por razones políticas e ideológicas”, insistió Brooke.