Todos habremos escuchado, en el circo vírico que llevamos sufriendo estos últimos 15 meses, que la prueba RT PCR diseñada ad hoc para detectar el virus quimérico aún no aislado SARS CoV 2, no es obligatoria. La realidad es que cuando pones los pies en la tierra te encuentras ante una peculiar situación. Resulta que nadie te puede obligar, pero si no te sometes puedes perder tu trabajo, te pueden impedir viajar, pueden negarse a operarte de un cáncer e incluso pueden llegar a cancelarte todas las citas en un hospital y apelar al derecho de admisión, estando con un embarazo a término.

Sí amigos, se hacen PCRs a personas antes de ser operadas, niños incluidos, se hacen PCRs a embarazadas que van a dar a luz, a neonatos y a personas que van a viajar. A priori puede parecer que es una simple prueba sin importancia, el problema es que como bien sabemos gracias al análisis de los datos estadísticos oficiales que publica el Estado Español, un 70% de los positivos son personas totalmente sanas, por ello, acceder a esta prueba es un arma de doble filo.

Resulta que por el mero hecho de viajar o de dar a luz, con tu positivo en PCR, estás entrando en las estadísticas “pandémicas” que maneja el gobierno y convirtiendo tu perfecto estado de salud, en un positivo más que suma a la Incidencia Acumulada (IA). La IA, es lo que usan los políticos de forma fraudulenta para robarnos nuestras libertades y derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, como el de la libre movilidad por el territorio español. Usan ese estadístico mal calculado e inflado con datos de falsos positivos PCR, para cerrar negocios y arruinar personas y lo usan para que cunda el pánico e inundarnos con cifras falsas, que se publican a diario en la televisión. Por lo tanto, están obligando de forma indirecta a la población a participar en sus crímenes, con ayuda del sector sanitario.

Es curioso como algo que no es obligatorio puede ser tan coercitivo y discriminatorio.

En este caso, por mucho que nuestros médicos y enfermeros nos digan que estamos en pandemia, que es por el bien de todos, que podríamos generar un brote o contagiar sin ningún tipo de síntoma, los datos empíricos no avalan ninguna de estas excusas que pone el personal sanitario para obligar a la población a someterse a esta prueba. Por un lado, desde marzo pasado los datos estadísticos no muestran una sobremortalidad tal como cuando desatendieron a nuestros mayores en las residencias y los mal llamados “contagios” se deben a falsos positivos. Por ello, la afirmación de que estamos en pandemia es una falacia semántica.

Por otro lado, la prueba PCR en sí, no sirve para diagnosticar ninguna enfermedad ya que sólo detecta y amplifica pequeños fragmentos de material genético que pueden pertenecer a nuestros virus endógenos, elementos del transcriptoma humano e incluso del microbioma. Sin un cultivo viral que confirme ese positivo, estas pruebas no sirven para nada. Y sabemos hoy en día, que no se están haciendo cultivos virales en células sanas del aparato respiratorio humano, porque este presunto virus parece que sólo crece en células VERO de mono verde y algunas células cancerígenas, un total despropósito y otra enorme mentira más del relato oficial, ya que el hecho de ver crecer algo en células de mono, no significa que exista un virus mortal de murciélago atacando a la población humana sana, que además, ni se entera que lo tiene (el asintomático, otra invención). ¿De verdad médicos, biólogos y enfermeros se han tragado esta historia? Aún me cuesta creerlo.

Desde el punto de vista de la legislación, el hecho de coaccionar o discriminar a una persona por no querer someterse a una prueba PCR también es un delito, ya que existen varias leyes que nos protegen, la más importante y aclaratoria es la ley del paciente 41/2002 y se cita textualmente.

2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley.

3. El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles.

4. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito.

Ley del paciente 41/2002 Artículo 2. Principios básicos.

Pero incluso leyes más recientes como la 2/2021 del 29 de marzo, nos dan la razón a este respecto y se cita textualmente:

1. Los servicios de salud de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla garantizarán que, en todos los niveles de la asistencia, y de forma especial en la atención primaria de salud, a todo caso sospechoso de COVID-19 se le realizará una prueba diagnóstica por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) u otra técnica de diagnóstico de infección COVID-19, tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas, y que toda la información derivada se transmita en tiempo y forma según se establezca por la autoridad sanitaria competente.

Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 2/2021 Artículo 24. Detección y notificación.

Si no damos consentimiento para la PCR estamos en nuestro derecho y si no presentamos síntomas no tienen obligación de hacer ninguna prueba PCR, por lo tanto la ley tampoco ampara a estos sanitarios sicarios del sistema, que con su actitud, colaboran en la merma de nuestros derechos.

Se nos ha vendido que es por el bien común, pero el bien común correctamente entendido pasa por respetar los derechos individuales de las personas, que todas juntas, suman el conjunto de la sociedad. Negando las evidencias científicas, ignorando la legislación, coaccionando a las personas y contribuyendo con la ruina del país NADIE, ABSOLUTAMENTE NADIE, sale ganando, asique la excusa del bien común es de nuevo, otra falacia.

El día en el que escuché de boca de una ginecóloga que a los recién nacidos se les debía separar de sus madres positivas y hacerles una prueba PCR, comprobé de primera mano como la locura más absoluta y pérdida total del sentido común, había profundizado en algunos médicos. Cuando decidí investigar sobre este asunto, me di cuenta que era algo generalizado, cientos de historias de madres destrozadas psicológicamente por falsos positivos en PCR, no sólo eran separadas de su bebé, sino también de sus seres queridos, ya que recordemos que en el momento en el que das positivo pierdes tu total libertad y quedas confinado, solo, durante 10 días y con un rastreador nazi vigilándote. ¿Cómo hemos podido perder el norte de esta manera? Estos confinamientos de sanos suponen unas vacaciones pagadas en el sofá de tu casa. Un conocido llegó a decir que él está encantado con las PCR, así puede jugar a la Play Station mientras sigue cobrando de su jefe. Muy pandémico todo.

Me llegan casos de personas muy enfermas, con operaciones previstas que se cancelan por negarse a la PCR. Esta prueba estigmatiza a algunas personas, las hace creer que tienen un virus mortal de murciélago, las obliga a aislarse, si son autónomos pierden parte de su sueldo, si son asalariados se deben cubrir sus bajas. Y lo peor de todo es que ESTÁN COMPLETAMENTE SANOS. Además es el cuento de nunca acabar, como bien me confirmó otra médico en una consulta, porque según ella, hoy puedes dar negativo y mañana positivo, siendo infeccioso por temporadas ¡Sin un solo síntoma! Así la mentira continúa eternamente. Un plan redondo.

Visto que ni la ciencia, ni la legislación, ni el sentido común avalan estas terroríficas pruebas PCR, vamos a combatirlas ¿Cómo? Muy sencillo aplicaremos la guerra administrativa siguiendo esta estrategia:

1. Presentar una declaración responsable al médico que solicite la prueba, dejamos un formulario aquí.
2. Solicitar el nombre, apellidos y número de colegiado de quien nos prescribe la prueba o se niegue a atendernos y enviarle un burofax con acuse de recibo, que refleje vuestra negativa a someteros a la prueba, con la legislación que os ampara.
3. Haced un escrito de reclamación al seguro privado, a la Conserjería de Sanidad de la Comunidad Autónoma pertinente, reclamación al hospital y escrito al órgano de Inspección de Sanidad competente. Dejad todo rastro plausible de queja, en todos los órganos administrativos responsables posibles.
4. Y por último, buscad un abogado y denunciad por daños y perjuicios (esto lo tendrá que confirmar, si es viable, el letrado en cuestión).

Entre todos podemos hacer caer a estos sinvergüenzas.

(Biólogos de verdad)