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13 April 2021

Detrás del auge hotelero y el boom urbanístico de las paradisíacas playas de la península de Yucatán se esconde la depredación de tierras ejidales o comunales. En solo tres décadas más de 500.000 hectáreas de terrenos de estos tipos pasaron a manos privadas, incluyendo enormes zonas ricas en flora y fauna y terrenos nacionales donde se asientan poblaciones mayas, según un estudio realizado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Las llamadas “mafias agrarias” están detrás de algunas de estas operaciones. Estas se conforman por funcionarios y empresarios que buscan cooptar a habitantes locales o se aprovechan de vacíos legales para hacerse con espacios de gran potencial turístico y urbanístico.

Este mar de ladrillo comenzó a extenderse a partir de las modificaciones a la Ley Agraria de 1992, revela el informe. La reforma permite la enajenación de tierras en los ejidos, terrenos colectivos que en teoría no pueden dividirse, venderse o heredarse, pero que empresarios locales han logrado adquirir mediante artilugios legales. Desde entonces y hasta mayo de 2019 un total de 22.660 parcelas, con una superficie de 192.600 hectáreas de tierra ejidal, dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada en los Estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, que conforman la península, con una extensión de 181.000 kilómetros cuadrados. Otras 355.304 hectáreas de uso común fueron parceladas, “apropiadas por diversos actores del sector ejidal, gubernamental y empresarial”, advierte el informe.

La investigación —titulada Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la península de Yucatán— pone el foco en las llamadas “mafias agrarias”, que cuentan con poder, influencia e impunidad en la zona para desarrollar proyectos urbanísticos y turísticos que afectan los recursos hídricos. “Es una red compleja de personas e instituciones, muchos de ellos exfuncionarios del registro agrario que tienen información técnica muy precisa sobre los cambios de régimen de propiedad y los ejidos con potencial de desarrollo económico”, explica la investigadora Gabriela Torres-Mazuera, autora del documento, en una llamada telefónica. “Los cambios de régimen de propiedad social a privada, como los ejidos, solo es posible cuando hay esta articulación entre personas e instituciones”, agrega.

Para convertir estas tierras colectivas a propiedad privada, la investigación revela el uso de varias estrategias: cooptan a los integrantes de los órganos de representación del ejido para lograr la anuencia para parcelar incluso cuando las tierras cuentan con bosque y, según la ley, no se pueden fraccionar; promueven la creación de asentamientos humanos nuevos a fin de evadir la restricción de cambio de uso de suelo. Empresas de generación de energía eólica y fotovoltaica también han hecho firmar a los habitantes de los ejidos, sin asesoría legal, contratos de usufructo por hasta 60 años. “Son contratos que no cuentan con las formalidades especiales establecidas por ley. En estos contratos, las empresas eólicas y solares recurren a intermediarios, que son quienes redactan los textos y elaboran las manifestaciones de impacto ambiental”, alerta el informe.

La falta de voluntad política, recursos y capacidad son vacíos que aprovechan las empresas que ponen sus ojos en estos terrenos. “Nos ha hecho falta un pronunciamiento más claro de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Están al tanto de todos estos problemas, pero no ha habido un enfoque claro de que esto no debe suceder. Obviamente es importante atacar el tema de la corrupción, pero ellos se justifican diciendo que con la austeridad republicana [promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador] es difícil cambiar a los funcionarios y ampliar la capacidad institucional. Muchos funcionarios tienen buena voluntad, pero no tienen recursos económicos”, explica Torres-Mazuera.

La visión que tenían los habitantes de los ejidos hace unos años era que las tierras eran abundantes, por lo que “los ejidatarios aceptaron las ventas, en la medida en que estas les dieron acceso a cantidades de dinero que recibieron de forma individualizada”, se explica en el informe. Sin embargo, la enorme expansión del ladrillo y los abusos del empresariado comenzaron “a generar molestia entre grupos de ejidatarios, incluso entre aquellos que en años anteriores estuvieron de acuerdo con las ventas de ciertas áreas”. A partir de 2016 surgieron resistencias y conflictos al interior de los ejidos frente a la venta desmedida de tierras afirma la investigación.

Torres-Mazuera explica que, para hacer frente a esta privatización de tierras ejidales y ricas en recursos naturales, las autoridades deben garantizar una “protección decidida” a las tierras comunales con cubierta forestal que se encuentran en los ejidos, detener los procesos de cambio de uso de suelo y fortalecer los sistemas legales de protección ambiental. Además, dice, se debe crear “nueva visión” que vea a las tierras ejidales no solo en términos de propiedad sino como un territorio que no solo incluye a los ejidatarios, sino a todos los habitantes de estas tierras, incluidas mujeres y jóvenes, que hasta ahora no tienen ningún rol activo en las decisiones. “Se requieren programas de empoderamiento de mujeres rurales y jóvenes, pero no hemos visto eso en el nuevo Gobierno”, zanja la investigadora.

(El País)

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